Cinco claves para la mejora

No son pocas las cosas que la educación española necesita que cambien

 

No se deben desaprovechar las oportunidades que las grandes crisis ofrecen para hacer reformas estructurales. Especialmente, las que puedan suponer la creación de sólidos cimientos en los que basar el progreso de un país. Lo ha reiterado recientemente el propio presidente Rajoy. Sin embargo, la reforma educativa anunciada por el Gobierno del Partido Popular, finalmente, parece que se va a quedar en poca cosa. Y desgraciadamente no es poco lo que la educación española necesita cambiar.

La financiación del sistema educativo, la mayor autonomía de los centros, la profesionalización de los equipos directivos, el cambio del paradigma educativo (sustitución de muchos contenidos por diferentes competencias) y la adaptación a una nueva realidad respecto a la transmisión de conocimientos, dando un giro radical a la formación de nuestro profesorado, son, en mi opinión, las cinco cuestiones más decisivas.

Empecemos por el final, por ser la piedra angular del asunto. La razón fundamental por la que unos países tienen mucho mejor nivel educativo que otros radica en la formación de su profesorado. La propuesta de un MIR para profesores es un ejemplo magnífico, porque es cierto que España forma médicos excelentes que siguen aprendiendo durante toda su vida. Pero, antes de llegar al MIR, sus calificaciones han sido las más altas en el Bachillerato y se han formado durante seis años como médicos generales antes de su especialización. Casi exactamente igual que los estudiantes que quieren ser profesores en Finlandia, el país con mejor nivel educativo de Europa y de la OCDE. Sus profesores saben que de su formación continua depende el que sus alumnos lleguen a ser ciudadanos competentes. Así pues, o copiamos todo el proceso, o si solo copiamos el final nos quedaremos a medias. Las conclusiones del Informe McKinsey de 2007 son irrefutables. “El nivel educativo de cualquier país depende de su capacidad para formar y motivar adecuadamente a sus profesores”. No le demos más vueltas. Podemos cambiar todas las leyes educativas, a los ministros de Educación, hacer todos los exámenes que queramos, incluso empeñarnos en politizar alguna asignatura. Si no cambiamos el modelo de formación de nuestro profesorado, poco o nada cambiará.

En segundo lugar, el inevitable cambio del paradigma educativo pasa por una autonomía real de los centros que les permita establecer currículos propios, modificar contenidos, incluso poder impartir nuevas asignaturas. ¿Y que se les evalúe? Por supuesto que sí. Hoy ya nadie debería discutir la necesidad de hacer evaluaciones externas, porque es cierto que lo que no se mide no mejora. Pero utilizando como referencias criterios de evaluación internacionalmente aceptados, como los del informe PISA, en lugar de exámenes que solamente miden conocimientos y olvidan las competencias. Para mejorar la acción docente de nuestro profesorado, habría que aprovechar la inercia del cambio metodológico que el plan Bolonia ha obligado a iniciar en las universidades, adaptándonos también a Europa en la mejora de competencias de los alumnos de secundaria, en contrapartida con lo desmesurado de los contenidos que nuestro actual sistema educativo impone. Parece que nadie quiera darse cuenta de que el tiempo no se puede estirar, y entre unos y otros han ido añadiendo asignaturas y contenidos a los currículos de los alumnos, sin reparar en que los profesores cumplen los programas a costa de quedarse sin tiempo para trabajar adecuadamente todas las competencias que necesitará un ciudadano de este siglo.

La educación pública es, de las que existen en España (pública, concertada y privada), la más importante para el futuro del país. Por eso urge modificar la gestión del sistema estatal que, a pesar de contar con muchos excelentes profesionales, es completamente esclavo de unos mal entendidos “derechos funcionariales” que dificultan extraordinariamente cualquier planteamiento de cambio. Es necesario profesionalizar las direcciones de los centros públicos con la formación y promoción de sus propios funcionarios, en lugar de pensar en privatizar su gestión. El ejemplo de los mejores colegios realmente privados de nuestro país debería servir, en lugar de para proponer una gestión privada de la escuela pública, para utilizarlos como referencia de lo que realmente funciona en un centro educativo.

El éxito de estos colegios se basa en tres razones fundamentales: primero, tienen muy bien profesionalizada la función directiva y siguen una estrategia educativa bien planteada. Además, forman permanentemente a su profesorado para su mejora e innovación. En tercer lugar, logran crear equipos docentes estables y comprometidos.

Aunque hay bastantes profesores de la escuela pública individualmente concienciados respecto a su propia formación continua, no es menos cierto que hay muchos más que no lo están y que se limitan a cumplir con el trámite administrativo de una formación, bien estéril, bien ficticia. Hay colegios que logran claustros de profesores excelentes porque su formación continua es real y se adapta a las necesidades del centro, a la evolución pedagógica y a la innovación. Es cierto que hay algunos (desgraciadamente pocos) buenos ejemplos de centros públicos y concertados que cumplen estas premisas y por eso también son colegios excelentes. Imitar sus modelos supondría avanzar más que de cualquier otra manera.

Por último, es necesario esclarecer con mayor precisión el marco de competencias y obligaciones de las Administraciones públicas e instituciones intervinientes, con unas “reglas de juego” que se cumplan siempre, garantizando un escenario que beneficie al sistema educativo y permita la libre competencia. Para ello, hay que referirse inevitablemente al sistema de conciertos. Y sin pensar en su cuantía, que es de lo único de lo que siempre se habla, lo primero y más importante es establecer como requisito, para que un colegio de titularidad privada pueda ser sostenido con fondos públicos, la condición sine qua non de que sea una entidad sin ánimo de lucro. No resulta ni liberal ni social ni fácilmente entendible el que iniciativas privadas, que en algunos casos tienen poco que ver con la enseñanza, hagan un estupendo negocio con la educación, en suelo público y con dinero público.

En definitiva, muchas son las cuestiones en las que, a mi juicio, se debe intervenir desde el punto de vista político para mejorar la educación en España. No se debería dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Y las organizaciones sindicales también tienen la responsabilidad de contribuir a ello, dejando de poner obstáculos a los intentos de reconducir adecuadamente un desempeño más profesional de la función pública en la educación y colaborando en la búsqueda del beneficio de los alumnos antes que cualquier otro fin.

Gabriel Castellano es presidente de la Asociación de Colegios Privados Independientes (Cicae).

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