La ventana de Internet, en el aire

La industria del cine busca fórmulas para rentabilizar las películas en el entorno ‘on line’

El público pide inmediatez

 
Rocío García / Rosario G. Gómez – 21 MAY 2012
 

A los pocos días de que el filme dirigido por Enrique Urbizu No habrá paz para los malvados se alzara con los grandes Premios Goya, el pasado 19 de febrero, se asistió a una situación insólita en el panorama de la industria cinematográfica española. Por primera vez, la lucha contra el mal del policía Santos Trinidad, interpretado por José Coronado, se pudo ver en las salas de cine, donde se reestrenó, en las páginas legales de Internet, en DVD y en una televisión privada de pago. Todas las ventanas simultáneamente, cada una con un soporte y un precio diferente, y con gran éxito en cada una de ellas.

¿Es esto una demostración de que hay público para todas las ventanas? ¿De que se tiene que terminar con la rigidez establecida en la industria cinematográfica española? ¿Es también una buena manera de luchar contra la piratería, el gran cáncer al que se enfrenta el mercado, sin bloquear las películas en plazos establecidos y poniéndolas lo antes posible a disposición del público? El debate ha explotado en el aire y ocupa buena parte de las preocupaciones del sector, y más en un momento en el que la crisis devasta una industria ya de por sí frágil. El caso de No habrá paz para los malvados fue eso, una excepción. Han pasado tres meses y no se atisba ningún avance en la regulación legal de poner el cine a disposición del que lo quiera ver, cuando lo quiera ver y donde lo quiera ver.

Los cambios en los hábitos de consumo de las películas que ha provocado Internet no encuentran su hueco legislativo en España. ¿Dónde está la ventana de Internet para consumir de manera legal las películas tanto españolas como extranjeras?. De momento, no existe. Pero lo que sí hay son diferentes opiniones y opciones para ir aclarando el nuevo modelo a seguir, algunas de ellas en bandos diametralmente opuestos.

Históricamente, las ventanas, los plazos de tiempo establecidos entre los diferentes soportes de explotación, ha sido una medida para proteger el mercado de la exhibición. Aunque hace unos años la legislación abordó la existencia de diferentes ventanas que iban desde las salas de cine hasta la televisión en abierto, en un plazo que podía abarcar hasta los tres años, hoy solo existe una ventana establecida por ley. Las demás están regidas por contratos o prácticas comerciales entre los sectores afectados. En la vigente orden ministerial de junio de 2011, elaborada en la etapa de Ignasi Guardans al frente de la Dirección General del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) y aprobada durante el mandato de su sustituto, Carlos Cuadros, se especifica que entre el estreno de una película española en una sala de cine y su salida en DVD tiene que transcurrir un mínimo de tres meses, excepto en el caso de que un filme en el primer mes de su exhibición no llegue a los 10.000 espectadores. La normativa sobre esta ventana rige solo para los casos de títulos de cine español, una especie de contraprestación por las ayudas públicas recibidas. Sin embargo, en el mercado esta medida también rige para el resto de los títulos extranjeros, en este caso como parte de una práctica comercial instalada en la industria desde hace años.

Ventanas dinámicas y abiertas a las necesidades de un público que exige cada vez más inmediatez. Quien lo tiene muy claro es Juan Carlos Tous, responsable y creador de Filmin, página de descargas legales con un catálogo que ronda los 2.500 títulos a un precio que va desde los 1,95 euros para un filme de catálogo y los 2,95 si se trata de una película de estreno. Filmin también ofrece una tarifa plana desde 10 euros al mes. “Bloquear las películas promociona la piratería. El cine siempre tiene que estar a disposición del público. No sé cuál es la fórmula, pero lo que está claro es que, si una película ya no funciona en taquilla al mes o a los dos meses, es absurdo que no se ofrezca ya en ese momento al espectador que la quiera ver a través de Internet. Las ventanas tienen que ser dinámicas, no rígidas como ahora, y todo esto tiene que venir de acuerdos puntuales título a título entre los productores o los tenedores de los derechos, y los distribuidores”, asegura Tous.

Por no hablar de las ciudades y pueblos en los que las salas de cine ya forman parte de un paisaje prácticamente desaparecido y acceder a determinadas películas y más concretamente, a títulos de cine independiente europeo y películas en versión original, se vuelve imposible. Es también aquí, donde, según Tous, la ventana de Internet tiene toda su razón de ser. ¿Por qué las personas que no habitan en las grandes ciudades no pueden acceder al cine, a disfrutar de los filmes que ellos deseen, existiendo como existe la posibilidad de hacerlo a través de Internet?

Opinión parecida expresa Ghislain Barrois, de Telecinco Cinema, empresa integrada en Mediaset, que gestiona Telecinco y Cuatro, entre otras televisiones, que viene luchando desde hace tiempo para que las ventanas se acorten al máximo. “En primer lugar por el efecto de la piratería. Cuanto más tiempo está una película en la estantería o en una ventana, más oportunidades hay para que sea descargada ilegalmente. En España es demoledor. Hay barra libre”, dice Barrois.

En el entramado de explotación del cine, la televisión en abierto es la última ventana, es el último eslabón de la cadena. “El impacto del consumo ilegal en la eficacia del cine es terrorífico. Si tenemos que esperar tres años, la gente tiene millones de oportunidades de piratear una película”, añade Barrois.

Tras esta realidad se esconden las cifras del negocio del vídeo, que en los últimos cinco años han descendido cerca de un 65% y siguen perdiendo volumen año tras año. Según Tous, tan solo en el último año ha caído un nuevo 18%. El negocio del vídeo ha desaparecido, pero se sigue respetando esa ventana que para muchos debería ser ocupada por Internet, antes de sus siguientes pasos por las televisiones de pago. “Filosóficamente son ventanas muy parecidas. Que el soporte sea físico o llegue en el ordenador no tiene relevancia”, apunta Barrois.

Frente a estas oportunidades, que han irrumpido con fuerza con la llegada de Internet, hay quien sigue defendiendo de manera radical la ventana que protege, en teoría, el mercado de la exhibición. Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de España, que engloba al 95% de las salas existentes en nuestro país, asegura estar dispuesto a negociar sobre la existencia o los plazos de las ventanas con la condición de hablar de los costes de la exhibición y de las variables y globalidad del modelo de negocio. “Si cambiamos el modelo hay que pactar. Si no se pacta, nosotros estaremos radicalmente en contra”, dice Gómez Fabra, para quien el mayor reto del sector de la exhibición es la piratería. “Defendemos nuestra ventana porque forma parte de la explotación de la película”, añade el presidente de los exhibidores, sector que tiene recurrida la orden ministerial de 2011 al sentirse discriminados con respecto a todas las plataformas on line que no tienen controles, ni cuotas de pantalla ni billetajes físicos.

Una muestra del delicado momento por el que atraviesa el cine es que en los últimos dos años las salas han vendido 20 millones menos de entradas (7,1% menos en 2011 respecto a 2010), según el Observatorio Audiovisual Europeo. En términos económicos, la caída en el número de espectadores españoles hizo que el sector ingresara por taquilla en 2011 un total de 612 millones de euros, casi 50 menos que en 2010.

Otro de los ámbitos más afectados por la regulación de las ventanas es el de los operadores de televisión y, sobre todo, las cadenas de pago que tienen en el cine uno de sus productos estrella, el gran motor junto con el del fútbol de la gran bolsa de abonados. “Los dueños de las películas son los que imponen las condiciones del modelo de explotación con el objetivo de maximizar sus inversiones”, explica Álex Martínez Roig, director de contenidos de Canal +. Según Martínez Roig, la oferta de la televisión de pago garantiza calidad de reproducción, seguridad de que lo que se va a ver es lo que se ha pagado, además de permitir seguir bombeando dinero hacia los creadores. “Nuestro trabajo es ofrecer contenidos en todos los soportes satélite, Internet, cable, televisiones conectadas”, añade el director de contenidos de Canal +, que lamenta la desventaja que sufren estos operadores en un mercado acostumbrado a tener acceso a películas gratis de forma pirata, algo que no ocurre en el resto de los países de nuestro entorno, donde se ha puesto coto a la piratería.

El modelo de las cadenas de pago se basa en emitir las películas antes de que estas den el gran salto al abierto. El recorrido de una película empieza en las salas, sigue con el DVD, el vídeo transaccional (TVOD), el pago por visión en una cadena (PPV), la televisión de pago y, finalmente, la cadena en abierto. El plazo que, normalmente, transcurre entre el estreno en salas y la emisión en abierto es de unos 20 meses.

El público que es exigente para unas cosas, por ejemplo la inmediatez, aquí y ahora, ha dejado a un lado la exigencia de la calidad. “La gente se está acostumbrando a ver una película en muy malas condiciones, pixelada, con cortes salvajes, y con eso el cine pierde su magia”, denuncia el presidente de los productores, Pedro Pérez, que defiende la regulación de las ventanas pero advierte de que el lanzamiento en salas es el principal marketing de una película.

Para Pérez, uno de los grandes problemas es que Internet de momento no le está generando al productor ningún tipo de ingresos. “Hace cinco años dije que faltaban 10 para que se pudiera financiar una película con parte de los ingresos de Internet. Han pasado esos cinco años y no hemos avanzado nada”. Pero, aunque no genere ingresos, Internet no quema las posibilidades de una película.

“Los títulos de más audiencia en abierto son los que más se ven en las salas, en el vídeo o las que más se descarga la gente”, añade el presidente de la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España). Pérez pone como ejemplo el caso de Avatar, el filme de James Cameron, que ha sido el más costoso de toda la historia de la cinematografía y el que más se vio en la pantalla grande. “Avatar es también el título más descargado y el más pirateado y, seguramente, cuando le toque el paso a la televisión en abierto, tendrá muchísima audiencia”, explica el presidente de los productores.

Aire por un gran balcón

ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO

Toda estancia que se precie de confortable tiene ventanas, para que entre la luz, el sol y el aire fresco que la ventile y la haga habitable. Y la industria cinematográfica también tiene sus ventanas. Estas regulan de forma tácita la comercialización de las películas y se van abriendo sucesivamente para que el espectador acceda a la película de forma progresiva en función de una orden de explotación. Primero la sala de cine y a continuación el vídeo, la televisión de pago, la televisión en abierto, etcétera, etcétera. Pero las tecnologías nos han traído una nueva ventana. Más que una ventana, un auténtico balcón con terraza y todo, y que el espectador-consumidor maneja directamente y a su antojo.

Ante esta irrupción, las ventanas existentes se defienden de esta novedad cerrándose de forma demasiado elemental tratando de negar, o algo peor, de ignorar, esta nueva realidad. Pero por el balcón, mucho más grande y penetrable que las ventanas, los nuevos aires entran cada día con más fuerza. Y por mucho que se controlen las otras ventanas, ventanucos y respiraderos, ese nuevo aire se está transformando en un vendaval imparable que va a reventar incluso las contraventanas. ¿Qué hacer para que se pueda seguir controlando tanto aire nuevo y que la estancia siga siendo habitable? Pues primero reconocer la nueva realidad y, en segundo lugar, entenderse con ella, negociando para que las condiciones de habitabilidad sean las idóneas para todos los que la habitan. Estableciendo los acuerdos necesarios para que la cohabitación sea posible, tanto para los que ya están dentro, como para aquellos que se incorporan por el balcón. Y ello requiere esfuerzos e imaginación. Sobre todo imaginación. Porque sin ella el vendaval será tal que todas las ventanas y contraventanas saltarán por el aire y su furia impondrá sus propias leyes basadas tan solo en la fuerza de la realidad.

Es absolutamente necesario que todos los actores que intervienen en el proceso cinematográfico —creadores, distribuidores, comercializadores en salas, vídeo, televisiones, Internet…— se sienten alrededor de la mesa, a ser posible redonda y sin aristas punzantes, para primero hablar y después negociar y llegar a soluciones, que seguro que las hay, y salvaguardar los legítimos derechos de todos, incluidos por supuesto los de los nuevos aires. Y sabiendo que estos no pueden ser ignorados. Que es absolutamente necesario llegar a acuerdos, que probablemente cambien algunas de las actuales ventanas o incluso se produzca el cierre de otras. Y siendo absolutamente conscientes de que, si no sabemos hacerlo, otros lo harán por nosotros y a lo peor el vendaval nos expulse a algunos de la habitación común. Se trata de llegar a acuerdos que permitan que ese espacio sea habitable, que quepamos todos en él y que cada vez tenga mejor aire y sea más confortable. Porque detrás de ese vendaval está nada más y nada menos que una gran parte de la sociedad, de nuestros espectadores. Y sin ellos no somos nada. Si no reaccionamos a tiempo y con los medios necesarios, las ventanas abiertas o cerradas no servirán para nada y se quedarán como mudos testigos de un espacio común moribundo en el que un día hubo una vida activa, brillante y creativa.

Enrique González Macho es presidente de la Academia de Cine.

¿Un seguro para Internet?

Es necesario encontrar protección para quienes caigan en los rincones más kafkianos de la Red 

 

La gran paradoja del Internet actual es que la Red resulta ser cada vez menos ordenada, a pesar de que las compañías tecnológicas proclamen las virtudes del orden y del control.

Podemos tomar el caso de Facebook, donde recientemente se ha comprobado que conserva fotos cuyos usuarios pidieron que se borrasen hace tres años, mientras que un error en su sistema de seguridad convirtió en públicamente accesibles unas fotos privadas de su fundador, Mark Zuckerberg. O el de Anonymous, que continúa dando a conocer información personal sobre particulares y autoridades públicas con objeto de manifestarse políticamente o simplemente por divertirse. O el de Path, una popular red social a la que recientemente se ha descubierto cargando en sus servidores los contactos de los teléfonos móviles de sus miembros.

Tenemos la suerte de que al menos Path haya tomado algunas precauciones de seguridad; sin ellas, las direcciones de sus dos millones de usuarios podrían estar ya a disposición de Anonymous. Lo que no sólo habría perjudicado a su privacidad sino también a su reputación. Después de todo, ¿quién sabe qué comprometedores números almacenan en sus teléfonos? Algo similar ocurrió en 2010, cuando Google echó a perder el lanzamiento de Google Buzz al revelar los nombres de los contactos de email más frecuentes de sus usuarios, lo que no operó precisamente en favor de su reputación.

El “derecho al olvido” no contribuirá gran cosa a mitigar debacles. No podrá consolar a aquellos usuarios cuya reputación ya haya sido dañada

¿Qué habrá que hacer? Una solución podría ser la de hacer de la Red un lugar menos anónimo, de manera que fuera posible localizar y castigar a quienes actúan del modo en que lo hace Anonymous. Otra solución sería la de aceptar tales desastres como inevitables y centrarse en que cada cual se gestione su propia reputación online. Un montón de nuevos negocios ya anuncian su capacidad de quitar de los resultados de búsqueda la información que le perjudique a uno. Pero eso podría costar miles de dólares, creando nuevas brechas digitales entre ricos y pobres.

La tercera solución, y la más popular, es la de acogerse al “derecho al olvido”, un derecho tan ambiguo que incluso quienes lo proponen no suelen ser capaces de definir en qué consiste. En su versión más débil, se trata de algo de sentido común: los usuarios deberán disponer de la capacidad de borrar cualquier información que carguen a servicios online. En su versión más fuerte, mediante la cual los usuarios pueden borrar la información sobre sí mismos incluso de páginas de terceros o de buscadores, resulta demasiado restrictiva.

Sin embargo, el “derecho al olvido” no contribuirá gran cosa a mitigar debacles como la de Google Buzz y Path, ni menos a regular a Anonymous. Aunque podría limitar la distribución de información difundida inadvertidamente, no podrá consolar a aquellos usuarios cuya reputación ya haya sido dañada por su primera publicación. A veces, un rápido vistazo a una información comprometedora es ya suficiente; “el derecho al olvido” podría forzar a que esa información desapareciera de Internet, pero no podría forzarla a desaparecer de la cabeza de los amigos o de los socios de negocios de uno.

He aquí una solución más elegante: necesitamos un programa de seguros obligatorios para desastres online. Pues ¿qué es una accidental revelación de información sino un desastre online, un violento tsunami de información, de origen humano, que puede destruir la reputación de cualquiera del mismo modo que un tsunami real puede destruir su hogar?

Ese seguro de reputación online no es, por supuesto, una panacea; no se supone que vaya a sustituir al imperio de la ley

De ese modo, si Facebook no consigue borrar una foto que hace años pediste que se borrara, o si Google ha difundido accidentalmente toda tu agenda de direcciones —y, aún más importante, si puedes demostrar que eso te ha causado algún daño verificable (por ejemplo si, como consecuencia, un exnovio enloquecido empezó a someterte a acoso cibernético)— deberías poder recibir una compensación monetaria.

Después sería cosa tuya decidir si tomar el dinero y comenzar una nueva vida o utilizar uno de esos nuevos negocios que pueden mejorar tu reputación online. Y las sumas no tienen por qué ser insignificantes: puesto que tan solo una pequeña proporción de usuarios sufren daños reales por esas revelaciones, con un pequeño pago mensual de cada uno de ellos se recaudarían fondos suficientes para ayudar a quienes tuvieran problemas de verdad.

Este plan tiene varias ventajas. En primer lugar, no se mete con cómo funciona Internet. No hay necesidad de eliminar el anonimato online o de crear una sofisticada infraestructura censora exigida por “el derecho al olvido”. En segundo lugar, a las víctimas de los tsunamis de información al menos les proporciona una apariencia de justa compensación. Nada de vagas promesas del tipo “no volverá a suceder”; las víctimas recibirán dinero contante y sonante. En tercer lugar, nivela el terreno de juego de los servicios de reputación online, promoviendo un ideal de igualdad: ahora ya no serían solamente los ricos los que podrían pagar miles de dólares por tener asegurada su reputación en la Red.

Pero lo más importante es que preserva el espíritu innovador de Internet. Las compañías de Internet no necesitarían actualizar sus modelos de negocio para complacer el exotismo de muchas de las demandas asociadas al “derecho al olvido”. Asimismo, los usuarios habituales que pudieran estar ya un tanto paranoicos acerca de su reputación no necesitarían suprimir todas sus cuentas online o convertirse en eremitas digitales. Incluso si Anonymous llegase a revelar todos sus datos particulares al menos recibirían una compensación monetaria.

Ese seguro de reputación online no es, por supuesto, una panacea; no se supone que vaya a sustituir al imperio de la ley como herramienta primordial para promover el interés público. Las empresas que descuidan los datos del usuario deberán seguir siendo multadas y procesadas; los usuarios deberán percibir que sus datos son tratados con responsabilidad. Pero ese esquema asegurador ofrecería un mínimo de consuelo para aquellos de nosotros atrapados en los rincones más kafkianos de Internet.

¿Por qué hacerlo obligatorio? ¿No debiera verse dispensada la gente que no utiliza Internet? Por desgracia, uno no tiene que utilizar Internet para ser víctima de sus infracciones. Uno puede ser etiquetado en una embarazosa foto de Facebook sin saber nada de Facebook. De un modo similar, cuando Anonymous ataca las bases de datos de las agencias gubernamentales cada ciudadano se convierte en una víctima potencial.

Naturalmente, como sucede con toda propuesta novedosa, hay cientos de detalles que es necesario resolver. Estos, sin embargo, no constituyen desafíos insuperables. De hecho, algunas compañías de seguros, incluso gigantes como AIG, ya ofrecen semejantes “seguros de reputación” a clientes corporativos. Lo que ahora se necesita es hacerlos accesibles y prácticos para los particulares, abordando algunos de sus aspectos más apremiantes.

Por ejemplo, medir o incluso definir el “daño” a la reputación de uno en Internet puede ser peliagudo. No obstante, la cada vez mayor cuantificación de nuestro estatus social en la Red —donde estamos definidos y evaluados en base a nuestros amigos online— pronto podría hacerlo más fácil.

Por otra parte, habría que evitar crear riesgos morales al proporcionar a los usuarios un aliciente a la distribución por internet de sus fotos comprometedoras con la esperanza de que algún día se les pagará por ello. Al propio tiempo, también puede resultar complicado garantizar que los usuarios de alto riesgo —los que tienen una cuenta abierta en cada plataforma de Internet— no son discriminados o se les cobra de más por parte de los aseguradores. Sin embargo, este problema de selección adversa podría superarse si el programa de seguros lo administra el gobierno.

Desde el punto de vista de la innovación podría ser realmente del mayor interés social contar con tantos nuevos adeptos como fuera posible probando otros tantos nuevos servicios de internet. De ese modo, suministrarles un seguro online también lo más completo posible podría incluso ser un valioso objetivo de política pública.

No explorar los beneficiosos esquemas basados en el seguro y adoptar, en vez de ello, vagos aunque populistas eslóganes como “el derecho al olvido” es un camino seguro para una política equivocada en Internet. Por el contrario, una política inteligente en Internet hará bien en preocuparse por maximizar un “bienestar informativo” y en hacer lo posible por crear y defender un “Estado del bienestar informativo”. Una red de seguridad digital podrá ayudar a que Internet se haga más humana sin que eso perjudique a la innovación.

Evgeny Morozov es profesor visitante en la Universidad de Stanford y profesor en la New America Foundation. La edición española de su libro El desengaño de Internet será publicada por Destino.

Traducción del inglés de Juan Ramón Azaola